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Redacción / Noventa Grados
Morelia, Mich; 20 de noviembre de 2012.- Aproximadamente el 67% de las mujeres de 15 años en adelante, han sido víctimas de violencia en diversos contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja,
aseguró la presidenta de la comisión de Equidad y Género en la LXXII Legislatura, Cristina Portillo Ayala.
En ese sentir, la legisladora local dijo que es indispensable seguir redoblando esfuerzos en atención a este grueso poblacional, ya que la violencia contra las mujeres, en ha sido un obstáculo para que las michoacanas se incorporen a la vida social, cultural, política y productiva, además de inhibir su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos.
Portillo Ayala recordó que el pasado 31 de Diciembre del 2008, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que junto con la Ley de Igualdad, fue el primer paso del inicio de la armonización legislativa en materia de violencia de género contra las mujeres
Sin embargo, consideró que el esfuerzo y compromiso para proteger la vida e integridad de las mujeres en el ámbito público y privado, debe ser dinámico y permanente, por lo que se considera conveniente hacer un nuevo análisis de la presente ley, replanteando y consolidando los objetivos de dicho ordenamiento jurídico.
Por ello, dijo, es necesario, que las órdenes de protección, la reeducación psicoterápeutica de los agresores, junto con otras medidas jurídicas, tales como la alerta de género y el agravio comparado, puedan incrementar efectivamente, en diferentes ámbitos y dimensiones, la protección de los derechos y garantías que son negadas a las mujeres, en forma real y material, por la condición de género, especialmente, que no exclusivamente, en el ámbito privado, donde aún no se está suficientemente protegida.
Puntualizó, que a pesar de los innegables avances, sigue siendo urgente, que los poderes del estado asuman las responsabilidades que corresponden, para establecer o vincular sanciones de carácter administrativo y penal, definir competencias, crear jurisdicciones específicas, capacitación y especialización para las y los operadores jurídicos de la ley.
